La Sala primera del Tribunal Supremo DICTÓ  sentencia por la que se fija doctrina jurisprudencial sobre la reducción de la pensión de alimentos en caso de nacimiento de nuevos hijos.

La sentencia, de fecha 30 de abril (R.º 988/2012), ponente señor Seijas Quintana, establece en sus aspectos más destacados:

"FUNDAMENTO DE DERECHO PRIMERO. D. A estaba casado con Doña B. Del mencionado vínculo matrimonial nacieron dos hijos, de 17 y 13 años de edad en el momento de interponer la demanda. Mediante sentencia de 28 de septiembre de 2004, se decretó la separación de los cónyuges y se aprobó el convenio regulador en el que se estableció que la guarda y custodia de ambos hijos la tuviera la madre y que el padre satisfaría a su cónyuge en concepto de alimentos la cantidad de 400 euros por cada uno de ellos. Se convino, además, que el pago del préstamo hipotecario de la vivienda conyugal lo haría efectivo en su totalidad el Sr. A, que es el que formula la demanda.

Como quiera que, a su juicio, las circunstancias habían cambiado con motivo de una nueva relación de pareja, de la que tiene otros dos hijos, solicitó, junto al divorcio, una modificación de las medidas adoptadas con relación a los alimentos y a la hipoteca. Aquellos para que se redujeran a 250 euros por cada hijo. Esta para que el préstamo se haga efectivo al 50% por cada uno de los cónyuges.

La sentencia de la Audiencia niega una y otra medida ... con los siguientes argumentos: " En el caso que se examina, la variación en las circunstancias tenidas en cuenta en la elaboración del convenio por aumento de las necesidades económicas, se ha producido de forma voluntaria por el obligado a su pago, y por lo tanto no impuestas al mismo contrariamente a su voluntad, lo que determina que no pueden ser repercutidas sus consecuencia en los alimentos correspondientes a sus hijos, no participando su nueva situación de objetividad y al margen de quien insta el procedimiento nuevo, así como no ser ni imprevista, ni previsibles, al momento de la realización del convenio regulador, negocio jurídico en el ámbito del derecho de familia, que se encuentra radicado en el principio "pacta sunt servanda" (art. 1255 CC) y que permite el pago por uno de los cónyuges al acreedor hipotecario, de la efectiva deuda de la cuota hipotecaria, y ello sin perjuicio ni limitación de los derechos del citado acreedor hipotecario, derivadas del contrato de préstamo, siendo que los pagos realizados por uno solo de los cónyuges, habrán de tener su reflejo contable al momento de la liquidación del bien ganancial. Por lo tanto existiendo acuerdo en el pago de la cuota por uno solo de los cónyuges, sin limitación de los derechos del acreedor hipotecario, concretada en su facultad de reclamar de los deudores, no procede suprimir la obligación de pago en la forma pactada entre los socios, conforme al contenido del art. 1091 del CC, en relación con el citado artículo 1255 CC".

(...)

TERCERO.- El segundo motivo se insta de la sala un pronunciamiento que unifique los criterios jurídicos discrepantes entre las Audiencias Provinciales con relación a la modificación de las medidas alimenticias como consecuencia del nacimiento de otros hijos fruto de una nueva relación de pareja del progenitor alimentante.

La sentencia niega que exista cambio de circunstancias porque el "aumento de las necesidades económicas, se ha producido de forma voluntaria por el obligado a su pago, y por lo tanto no impuestas al mismo contrariamente a su voluntad, lo que determina que no pueden ser repercutidas sus consecuencia en los alimentos correspondientes a sus hijos" . De esa forma, la sentencia se alinea con aquellas otras que consideran que el nacimiento de nuevos hijos, fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, una alteración de circunstancias que permita reducir las pensiones alimenticias establecidas para con los hijos de una relación anterior, toda vez que dicha situación deriva de un acto voluntario y consciente de las obligaciones asumidas que no puede perjudicar a aquellos ( SSAP de Valencia de 6 de marzo de 2.008 y 19 de junio 2012 - Sección 10ª-; Madrid de 3 y 13 de febrero de 2.009 -Sección 22ª-; Málaga , de 17 de octubre de 2.007 - Sección 6ª-; Pontevedra de 15 de febrero de 2.006 -Sección 3ª-; Sevilla , de 29 de diciembre de 2.003 - Sección 8ª-; Cuenca 28 de junio 2011 - Sección 1ª-; Santa Cruz de Tenerife de 16 de febrero 2012 -Sección 1 ª-, entre otras).

En contra, otras Audiencias Provinciales resuelven sobre la base de que las pensiones se fijan atendiendo al caudal y medios del obligado y a las necesidades del beneficiario y la igualdad de todos los hijos por lo que consideran que el nacimiento de un nuevo hijo es un hecho nuevo susceptible de alterar la situación preexistente y, con ello, de reducir las prestaciones establecidas a favor de los hijos de una anterior relación (SSAP de A Coruña, de 3 de noviembre de 2.005 -Sección 4ª-; Badajoz, de 4 de diciembre de 2.002 -Sección 1ª-; Cádiz , de 22 de enero de 2.002 - Sección 5ª-; Las Palmas , de 2 de febrero de 2.001 -Sección 4ª- ;Vizcaya , de 20 de diciembre de 2.006 - Sección 4 ª-, entre otras).

La Sala no acepta el criterio de la Audiencia.

Sin duda el nacimiento de nuevos hijos, tanto en sede matrimonial normalizada como en otra posterior tras la ruptura, determina una redistribución económica de los recursos económicos de quienes están obligados a alimentarlos para hacer frente a sus necesidades. No es lo mismo alimentar a uno que a más hijos, pero si es la misma la obligación que se impone en beneficio de todos ellos. El hecho de que el nacimiento se produzca por decisión voluntaria o involuntaria del deudor de una prestación de esta clase, no implica que la obligación no pueda modificarse en beneficio de todos, a partir de una distinción que no tiene ningún sustento entre unos y otros, por más que se produzca por la libre voluntad del obligado. El tratamiento jurídico es el mismo pues deriva de la relación paterno filial. Todos ellos son iguales ante la Ley y todos tienen el mismo derecho a percibir alimentos de sus progenitores, conforme al artículo 39 de la Constitución Española, sin que exista un crédito preferente a favor de los nacidos en la primitiva unión respecto de los habidos de otra posterior fruto de una nueva relación de matrimonio o de una unión de hecho del alimentante.

Es decir, el nacimiento de un nuevo hijo si que puede suponer una modificación sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de fijarlos a favor de los anteriores. Ahora bien, si el sustento del hijo es una carga del matrimonio, lo importante será conocer el caudal o medios con los que cuenta la nueva unidad familiar, para lo que se hace preciso probar si la esposa contribuía económicamente al sostenimiento de dicha carga o por el contrario el sustento del hijo quedaba a expensas exclusivamente del marido, -situación ésta que sí redundaría en una disminución de su fortuna-. Parece no reparar el recurrente en la importancia que tienen los ingresos de la esposa a la hora de dilucidar si la fortuna de aquel disminuyó, pues la ley determina el carácter ganancial de los rendimientos del trabajo constante matrimonio, y ello ha lugar a que la fortuna del mismo, lejos de disminuir, se viera incrementada a resultas de la convivencia con su nueva mujer (STS 3 de octubre de 2008).

En lo que aquí interesa supone que el nacimiento de un nuevo hijo no basta para reducir la pensión alimenticia del hijo o hijos habidos de una relación anterior, ya fijada previamente, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es ciertamente insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad, sin merma de la atención de las suyas propias, y valorar si es o no procedente redistribuir la capacidad económica del obligado, sin comprometer la situación de ninguno de los menores, en cuyo interés se actúa, y ello exige ponderar no solo las posibilidades económicas del alimentante sino las del otro progenitor que tiene también la obligación de contribuir proporcionalmente a la atención de los alimentos de los descendientes, según sean sus recursos económicos, prueba que no se ha hecho. Y es que el cambio de medida se argumenta en la demanda exclusivamente sobre la base del nacimiento de estos dos nuevos hijos, sin que la misma contenga referencia alguna a si esta nueva situación supone una merma de su capacidad económica, que puede incluso haber mejorado en razón al patrimonio de su pareja y madre de los hijos, obligada tambien a su sostenimiento, cuyos recursos se ignoran, siendo así que, conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del Código Civil, "cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo".

CUARTO.- El interés casacional que ha permitido la formulación de este recurso exige casar la sentencia de la Audiencia provincial, en lo que se refiere a este segundo motivo, pese a mantener el criterio desestimatorio de la demanda, y formular como doctrina jurisprudencial que el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad; todo ello sin hacer especial declaración en cuanto a las costas, de ninguna de ambas instancias, ni de las causadas por este recurso."

 

Con motivo de la nueva regulación del mes de julio de 2015 sobre legislación d e protección a la infancia y adolescencia, se han producido importantes novedades en MAERIA DE ADOPCION:

- Se establece el carácter preferente de los expedientes de adopción y el carácter preceptivo de la intervención del Ministerio Fiscal.

- Se regula con muchos más detalle la capacidad de los adoptantes y se incorpora una definición más precisa de la idoneidad para adoptar.

- Para menores en situación de desamparo, no será necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos años sin que hayan intentado revocar dicha situación.

- Se suprime la necesidad de renovar el asentimiento para la adopción que ahora tienen que realizar ante el juez las madres si han transcurrido más de seis meses desde que lo prestaron.

- Se regula como nueva figua y de forma plena la guarda con fines de adopción. Esta previsión legal permitirá que, con anterioridad a que la Entidad Pública formule la correspondiente propuesta al Juez para la constitución de la adopción, pueda iniciarse la convivencia provisional entre el menor y las personas consideradas idóneas para tal adopción hasta que se dicte la oportuna resolución judicial, con el fin de evitar que el menor tenga que permanecer durante ese tiempo en un centro de protección o con otra familia.

- Se crea la figura de la adopción abierta, que posibilita que, una vez constituida la adopción, el adoptado pueda mantener con algún miembro de la familia de procedencia alguna forma de relación o contacto a través de visitas o de comunicaciones.

- Se refuerza y regula  el derecho de acceso a los orígenes de las personas adoptadas, obligando a las Entidades Públicas a garantizarlo y mantener la información durante el plazo previsto en el Convenio Europeo de Adopción (al menos años tras haberse hecho definitiva la adpción).

-Se regula con más precisión la adopción internacional, y se clarifican el ámbito de aplicación de la ley y el concepto de adopción internacional; se refuerzan las previsiones de garantía de las adopciones internacionales señalando que solo podrán realizarse a través de la intermediación de Organismos acreditados y en los casos de países signatarios del Convenio de La Haya; se detallan con mayor claridad las obligaciones de los adoptantes y se introducen importantes modificaciones en las normas de Derecho internacional privado.

La nueva Ley opta por atribuir el conocimiento de un número significativo de asuntos que tradicionalmente se han incluido bajo la rubrica de la jurisdicción voluntaria (no contenciosa) a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento. Por contra dejan de ser competentes para estos temas los Jueces y Magistrados, con el objetivo de que puedan centrarse en su verdadera función, que no es otra que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Nueva normativa de protección a la infancia y a la adolescencia.

La nueva normativa supone un fortalecimiento de la protección de los menores en todos los órdenes, ya que prevalece su interés superior de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas al respecto. Se centra en colectivos de menores más vulnerables, como menores extranjeros, que tendrán derecho a todas las prestaciones sociales en las mismas condiciones que los menores españoles; o menores con discapacidad, a los que se les garantizará la accesibilidad a todos los entornos y el acceso a centros educativos, al igual que la continuidad de pautas de apoyo especializado. 

Uno de los principales valores de la nueva Ley es la priorización de las soluciones familiares, consideradas las más aptas para la formación y desarrollo del menor. Por ello, se apuesta firmemente en el proyecto por el acogimiento familiar, cuyos trámites se agilizan, del mismo modo que se aceleran los pasos de los procesos de adopción, que incluye figuras novedosas como la adopción abierta o el derecho del menor a conocer sus orígenes. Ésta última se traslada también a los casos de acogimiento.

En esta línea, aparece otra de las novedades de la Ley, y es la promoción de modelos de acogimiento residencial compuestos por núcleos reducidos de menores con la finalidad de que la convivencia sea lo más parecida posible a la de un contexto familiar.

Como punto a subrayar por el consenso suscitado es la definición de las causas de desamparo del menor. El código civil señala de forma indeterminada que el desamparo se producirá por  la "privación de la necesaria asistencia moral o material". La nueva Ley indica que la situación de pobreza o de discapacidad de los progenitores no podrá ser tenida en cuenta para valorar el desamparo. En ese caso, se apuesta por el apoyo a la familia. El maltrato será el desencadenante para dichas valoraciones.

La protección contra el maltrato se erige en principio rector de la actuación administrativa. De esta forma, el anteproyecto establecía novedades como la obligación de comunicar a la autoridad la existencia de casos de abusos sexuales para evitar incurrir en un delito de omisión, así como modificaba el artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para considerar a los menores también como víctimas directas.

De hecho, la protección de los menores ante situaciones de violencia de género es uno de los pilares de la nueva Ley de Infancia, por cuanto señalaba que los jueces habrán de pronunciarse obligatoriamente sobre medidas cautelares de protección del menor, y entre ellas se recoge específicamente la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado. Si no acordara esto, el juez tendrá que precisar cómo se hará dicha comunicación y adoptará en todo caso las decisiones necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación del menor. Realizará un seguimiento periódico de la evolución.

Otras novedades consisten en que al agresor se le suspenderá el abono de la pensión de viudedad desde el momento en que sea imputado, algo que ahora podía suceder, y que los menores tendrán acceso a la pensión de orfandad completa.

Pero la tramitación parlamentaria ha reforzado aún más este eje: se incluye entre los principios rectores de la actuación de los poderes públicos la protección de los menores frente a todo tipo de violencia: violencia en el entorno familiar, violencia de género, en el ámbito educativo, sanitario o social, la trata, la mutilación genital femenina, castigos físicos humillantes y denigrantes, corrupción, etc.

Estas actuaciones, concretadas por tanto por vez primera, son la sensibilización, la prevención, la detección, la notificación, la asistencia y la protección desde la coordinación y la colaboración administrativa y entidades.

Una de las medidas nuevas será la creación de un Registro de Delincuentes Sexuales en cumplimiento del Convenio de Lanzarote, un convenio del Consejo de Europa ratificado por España en 2010. 

La nueva Ley establece criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad de la aplicación de dicha norma en toda España, y ocurrirá así, por ejemplo, en la tipificación homogénea de los criterios de valoración de las familias acogedoras o en los elementos que componen el procedimiento de adopción. Los centros de acogimiento residencia tendrán unos estándares comunes de calidad.

Esta mejora de la coordinación se plasmará también en la búsqueda de familias adecuadas para los menores si en su comunidad autónoma no se dan ofrecimientos con el perfil idóneo, según valoración de los servicios sociales correspondientes. 

El Diario la Ley publica una interesantisima sentencia del Tribunal Supremo que dispone la

Nulidad de sentencia por parcialidad del Presidente de la Sala,  quien formuló hasta 78 preguntas manteniendo una actitud activa en pro de la tesis acusatoria (TS, 2ª, S 27 Nov. 2014. Rec. 862/2014()Diario La Ley, Nº 8452, Sección La Sentencia del día, 5 de Enero de 2015, Año XXXVI, Editorial LA LEYLA LEY 7743/2014) Hace referencia expresa al exceso en el uso moderado de las facultades judiciales de aclaración y dirección del debate en el desarrollo de la prueba testifical y declaración de acusados durante el juicio oral que impone el art. 708 LECrim.

El proceso se había incoado contra un conductor, con antecedentes penales por conducción temeraria y bajo la influencia de bebidas alcohólicas, involucrado en un nuevo siniestro tras salirse de la calzada con un Ferrari. Con la finalidad de evitar verse inmerso en una nueva causa penal por delito de quebrantamiento de condena, así como para gestionar con la compañía de seguros que ésta afrontara la reparación del automóvil, avisó a un conocido suyo guardia civil, elaborando ambos un parte falso de siniestro en el que designaron falazmente como conductor al padre del acusado. La AP Oviedo dictó sentencia condenatoria por delitos de falsedad y estafa intentada, contra la seguridad vial y encubrimiento. Disconforme con la sentencia de instancia, la defensa planteó recurso de casación entre otros motivos, por violación del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, alegando que durante el desarrollo del juicio oral la Sala juzgadora no mantuvo una posición imparcial sino una actitud activa en pro del éxito de la tesis acusatoria, con la que se habría alineado, llegando en determinados momentos a mostrarse claramente hostil hacia el acusado y su representación procesal, posicionamiento concretado en los interrogatorios a los que el Presidente de la Sala sometió a los acusados y testigos que secundaron la versión de los mismos. En definitiva, que se extralimitó en su función de dirigir los debates, llegando a asumir la responsabilidad de interrogar por sí mismo a acusados y testigos, e incluso a reprender al letrado del recurrente. Pues bien, el TS ha acogido el motivo, casando la sentencia y declarando su nulidad, con reposición de las actuaciones al comienzo del juicio para que sea nuevamente celebrado con otros Magistrados. En su fundamentación jurídica expone la Sala la doctrina sobre el deber del uso moderado de la facultad prevista en el Conforme autoriza tal precepto en su párrafo segundo, el Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren, lo cual excluye la formulación de preguntas de contenido incriminatorio que pudieran complementar la actuación de la acusación. Es decir, no tratándose de incorporar nuevos presupuestos fácticos, sino de abundar en el esclarecimiento y precisión de los hechos nucleares objeto del debate, el Presidente, en afán de depurar los mismos, podrá efectuar preguntas, complementarias en cierto modo de las formuladas por las partes, al objeto de una mejor y más real configuración del acaecer histórico, sin que ello pueda interpretarse como una vulneración de la imparcialidad. La fidelidad al principio acusatorio no puede exasperarse de tal modo que reduzca al Juzgador a un papel absolutamente pasivo, incapaz de efectuar alguna pregunta clarificativa y dilucidante. Sin embargo, se constata que el desarrollo del plenario de la presente causa conoció una serie de episodios que no pueden calificarse como las vicisitudes propias de la dirección de los debates, o como el deseo por parte de los Magistrados de precisar matices afectantes al verdadero alcance de los hechos, cuando el Presidente del Tribunal dirigió hasta un total de 78 preguntas a quienes secundaban una postura contraria a la de la acusación, alguna de las cuales contenían juicios de valor -interrogatorios que no se produjeron con los testigos que sostuvieron la tesis del MF-, lo que revela que la Sala asumió tal tesis acusatoria como cierta. Por otro lado, también consta que reprendió al letrado cuando manifestaba su protesta en los siguientes términos: "cuando yo hablo, usted se calle, cuando yo interrumpo, usted se calla y retoma la palabra cuando se la conceda y no me vuelva a rebatir. Lo que he oído, lo he oído yo y eso que acaba usted de decir es mentira…”. Expresiones estas y comportamiento del Presidente durante los interrogatorios de los acusados y testigos que deben considerarse como determinantes de una pérdida de imparcialidad y neutralidad, proscritos por nuestra jurisprudencia.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina, al resolver un recurso

que presenta interés casacional, sobre el sistema que ha de regir para el reparto

equitativo entre los progenitores de las cargas derivadas del régimen de visitas cuando

ambos cónyuges residen en localidades muy distantes, a fin de que, como regla general,

sean ambos los que se las realicen y no sea solamente el progenitor no custodio el que

las asuma en exclusiva.

En el supuesto enjuiciado, tras la ruptura de la pareja, el padre tuvo que

trasladarse a 32 kilómetros del lugar de residencia de la madre y del menor. Para el

cumplimiento del régimen de visitas (visitas de día - visitas de fin de semana - estancias

vacacionales), el Juzgado consideró que lo adecuado era que el padre se desplazara para

recoger al hijo en el domicilio materno y que la madre se encargase de recogerlo en el

domicilio paterno. Sin embargo, la Audiencia consideró que debía ser el padre, por ser

quien vivía lejos del domicilio del menor, el que se desplazara en ambos casos, tanto

para recogerle como para llevar a cabo su devolución.

La sentencia de la Sala Primera, de la que es ponente el magistrado D. Arroyo

Fiestas, fija doctrina en este particular, ante la existencia de posiciones dispares en las

Audiencias Provinciales. La Sala se apoya, de una parte, en el interés del menor, y, de

otra, en el reparto equitativo de cargas a que se refieren los arts. 90 c) y 91 del Código

Civil.

Según declara la sentencia, «es esencial que el sistema que se establezca no

pierda de vista el interés del menor, de forma que no dificulte su relación con cada uno

de los progenitores», pero, al mismo tiempo, «es preciso un reparto equitativo de

cargas, de forma que ambos progenitores sufraguen los costes de traslado de forma

equilibrada y proporcionada a su capacidad económica, teniéndose en cuenta sus

circunstancias personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario laboral,

etc.». De ahí que para determinar el criterio que contribuya a clarificar la cuestión sea

preciso, sigue diciendo, «que se establezca un sistema prioritario y otro subsidiario,

dado que pueden presentarse diferentes situaciones y será necesario ofrecer soluciones

alternativas adaptadas a las particularidades de cada situación». Como regla general,

normal o habitual, se considera que lo adecuado es que  «cada padre/madre recogerá al

menor del domicilio del progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita y el

custodio lo retornará a su domicilio» y, «subsidiariamente, cuando a la vista de las

circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los principios

expresados de interés del menor y distribución equitativa de las cargas, las partes o el

juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los progenitores con

la correspondiente compensación económica, en su caso y debiendo motivarse en la

resolución judicial». También se afirma que «estas dos soluciones se establecen sin

perjuicio de situaciones extraordinarias que supongan un desplazamiento a larga

distancia, que exigirá ponderar las circunstancias concurrentes y que deberá conllevar

una singularización de las medidas adoptables».

Sentencia Nº: 257/2013 

Fecha Sentencia: 29/04/2013

CASACIÓN

Recurso Nº: 2525/2011

Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimando Parcialmente

Votación y Fallo: 03/04/2013

Ponente Excmo. Sr. D.: José Antonio Seijas Quintana

Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE ALICANTE SECCION N. 4

Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José María Ramallo Seisdedos

  

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina en torno a la interpretación de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 92 del Código Civil en lo relativo a los presupuestos que han de concurrir y valorarse para que pueda adoptarse, en interés del menor, el régimen de guarda y custodia compartida.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Seijas Quintana, considera en primer lugar que la Audiencia Provincial, que denegó el régimen de guarda compartida en el asunto que ha llegado a casación, partió para tomar su decisión de que el régimen de guarda y custodia compartida es algo excepcional, mostrando una posicióninicialmente contraria a este régimen y considerando “como problemas lo que son virtudes de este régimen como la exigencia de un alto grado de dedicación por parte de los padres y la necesidad de una gran disposición de éstos a colaborar en su ejecución”. También reprocha a la sentencia recurrida que no fundara su decisión “en el interés del menor, al que no hace alusión alguna, y que debe tenerse necesariamente  en cuenta en los litigios sobre guarda y custodia compartida”.

La Sala recuerda que tras la sentencia del Tribunal Constitucional 185/2002, de 17 de octubre, la adopción del régimen de guarda y custodia compartida ya no depende del informe favorable del Fiscal sino, únicamente, de la valoración que merezca al Juez la adecuación de dicha medida al interés del menor, siendo punto de partida que la guarda y custodia compartida no es lo excepcional sino que debe ser la regla general siempre que no resulte perjudicial para el menor, pues “el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres”.

Sentados estos postulados, la Sala concluye que la adopción de la medida de la guarda conjunta, además de exigir petición de parte (de ambos progenitores o de al menos uno de ellos), requiere la constatación de que esta no resulta perjudicial sino conveniente para el interés del menor, para lo que deben concurrir determinados requisitos expuestos con reiteración por la Sala y que nuevamente se afirman en la sentencia con valor de doctrina jurisprudencial.

Estos requisitos son los siguientes: la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente; y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven, sin que la mera constatación de que el régimen de guarda y custodia se adapta mejor al interés de los progenitores resulte suficiente para deducir que se adapta mejor al interés del menor, que es el que debe primar.

En el caso concreto que vuelve, la Sala casa y anula la sentencia recurrida únicamente en lo que se refiere a la denegación de la guarda y custodia compartida de la hija menor del matrimonio, pero mantiene dicho pronunciamiento, si bien por razones distintas de las que señala la sentencia recurrida.

 Novedades en materia de Sucesiones "mortis causa" y certificado sucesorio europeo: El Reglamento (UE) n.º 650/2012 [+ info]Reglamento (UE) n.º 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones "mortis causa" y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

Este nuevo instrumento comunitario ya está en vigor, pero no será aplicable hasta el 17 de agosto de 2015. Quedan exceptuados los arts. 77 y 78 y los arts. 79, 80 y 81 (aplicables, los primeros, a partir del 16 de enero de 2014, y los segundos, desde el 5 de julio de 2012).

Se aplicará a las sucesiones por causa de muerte, pero no a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas. Quedan excluidas las siguientes materias:

a) El estado civil de las personas físicas, las relaciones familiares y las que tengan efectos comparables. 

b) La capacidad jurídica de las personas físicas. 

c) La desaparición, la ausencia o la presunción de muerte de una persona física. 

d) Los regímenes económicos matrimoniales, así como los regímenes patrimoniales de relaciones que la ley considere que tienen efectos comparables al matrimonio. 

e) Las obligaciones de alimentos distintas de las que tengan su causa en la muerte. 

f) La validez formal de las disposiciones "mortis causa" hechas oralmente. 

g) Los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por título distinto de la sucesión. 

h) Las cuestiones que se rijan por la normativa aplicable a las sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas.

i) La disolución, extinción y fusión de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas. 

j) La creación, administración y disolución de trusts. 

k) La naturaleza de los derechos reales. 

l) Cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo.